El presidente de Asaja Nacional, Pedro Barato, el presidente de la Federación Andaluza de Trabajadores Autónomos (ATA), Rafael Amor, el presidente de la Asociación Stop Impuesto Sucesiones, Juan Carlos Valverde, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, y el secretario general de Asaja Andalucía, Cristóbal Cantos, entre otros, se sumarán este jueves 14 de septiembre a la concentración organizada por Asaja Córdoba a las 11.00 horas en la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Córdoba, calle San Felipe, para protestar contra el abuso del Impuesto de Sucesiones en Andalucía y pedir su eliminación total.
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha explicado que el objetivo de esta protesta, que contará, además, con una representación teatral para llamar la atención de los viandantes, es acabar con la situación de que “los andaluces sigan teniendo que hacer frente a este injusto y confiscatorio tributo”.
De este modo, Asaja protestará para que “los andaluces dejen de ser ciudadanos de segunda clase con respecto a otras comunidades autónomas porque este impuesto es un abuso que parece que obliga a quien hereda a comprar una parte de su herencia y es desalmado porque no tiene en cuenta la situación económica del heredero que puede verse atado de por vida a una hipoteca para poder pagar”.
La organización agraria añade que “este impuesto ha sido dramático en la crisis donde no era posible vender nada para cumplir con esa obligación fiscal y es confiscatorio cuando obliga a tanta gente a renunciar a la herencia”. Asimismo, resulta “injusto con la empresa familiar porque descapitaliza la bien gestionada frente a la mal gestionada y puede provocar la fuga de empresas hacia regiones donde no se paga, por lo que eso es competencia desleal”.
De igual modo, Asaja Córdoba considera que “es anticonstitucional porque crea y fomenta desigualdad entre regiones, es decir entre españoles y nunca habrá igualdad porque los gobiernos que lo necesitan no lo pueden bajar y los demás no lo pueden subir por miedo a su efecto electoral”.
Por ello, Asaja Córdoba hace un llamamiento a todos los titulares de explotaciones agrarias, ganaderas, cinegéticas y forestales, así como a todas las personas afectadas por esta acción “confiscatoria” de la Junta de Andalucía, que son la gran mayoría de los andaluces, para protestar contra la actitud “tremendamente abusiva y discriminatoria” de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para quienes residen en esta comunidad autónoma.
La organización agraria pide que se sumen cuantas más personas mejor a esta concentración para mostrar su posición en contra de que “la administración autonómica continúe imputando una riqueza irreal o inexistente a los andaluces por la que injustamente tienen que tributar, vulnerando el principio de capacidad económica y estableciendo estimaciones en las valoraciones que nada tienen que ver con la realidad”.
Fernández de Mesa ha afirmado que “es un hecho de justicia que los andaluces tengan el mismo tratamiento que los ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo cual favorecerá además el relevo generacional en el campo, la sucesión de empresas, y la actividad económica”.
Esto es una reivindicación histórica de la organización agraria, que reconoce que es cierto que la Junta de Andalucía ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016, pero “lamentablemente, este impuesto sigue siendo el impuesto de la demagogia y la injusticia” porque deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz; y deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, “en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español”.
La Junta Directiva de la organización agraria Asaja Córdoba ha acordado celebrar para el próximo 14 de septiembre en la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, en la calle San Felipe, una protesta contra el abuso del Impuesto de Sucesiones en Andalucía con el apoyo de, Asaja nacional, Asaja de Andalucía, la plataforma Stop Impuesto Sucesiones, la Federación Andaluza de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), con el fin de que acabar con la situación de que “los andaluces sigan teniendo que hacer frente a este injusto y confiscatorio tributo”.
De este modo, Asaja protestará para que “los andaluces dejen de ser ciudadanos de segunda clase con respecto a otras comunidades autónomas porque este impuesto es un abuso que parece que obliga a quien hereda a comprar una parte de su herencia y es desalmado porque no tiene en cuenta la situación económica del heredero que puede verse atado de por vida a una hipoteca para poder pagar”.
La organización agraria añade que “este impuesto ha sido dramático en la crisis donde no era posible vender nada para cumplir con esa obligación fiscal y es confiscatorio cuando obliga a tanta gente a renunciar a la herencia”. Asimismo, resulta “injusto con la empresa familiar porque descapitaliza la bien gestionada frente a la mal gestionada y puede provocar la fuga de empresas hacia regiones donde no se paga, por lo que eso es competencia desleal”.
De igual modo, Asaja Córdoba considera que “es anticonstitucional porque crea y fomenta desigualdad entre regiones, es decir entre españoles y nunca habrá igualdad porque los gobiernos que lo necesitan no lo pueden bajar y los demás no lo pueden subir por miedo a su efecto electoral”.
Por ello, Asaja Córdoba hace un llamamiento a todos los titulares de explotaciones agrarias, ganaderas, cinegéticas y forestales, así como a todas las personas afectadas por esta acción “confiscatoria” de la Junta de Andalucía, que son la gran mayoría de los andaluces, para protestar contra la actitud “tremendamente abusiva y discriminatoria” de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para quienes residen en esta comunidad autónoma.
La organización agraria pide que se sumen cuantas más personas mejor a esta concentración para mostrar su posición en contra de que “la administración autonómica continúe imputando una riqueza irreal o inexistente a los andaluces por la que injustamente tienen que tributar, vulnerando el principio de capacidad económica y estableciendo estimaciones en las valoraciones que nada tienen que ver con la realidad”.
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha afirmado que “es un hecho de justicia que los andaluces tengan el mismo tratamiento que los ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo cual favorecerá además el relevo generacional en el campo, la sucesión de empresas, y la actividad económica”.
Esto es una reivindicación histórica de la organización agraria, que reconoce que es cierto que la Junta de Andalucía ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016, pero “lamentablemente, este impuesto sigue siendo el impuesto de la demagogia y la injusticia” porque deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz; y deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, “en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español”.
La Junta Directiva de la organización agraria Asaja Córdoba ha acordado celebrar para el próximo 14 de septiembre en la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, en la calle San Felipe, una protesta contra “el injusto y confiscatorio” Impuesto de Sucesiones en Andalucía con el fin de que acabar con la situación de que “los andaluces sigan siendo ciudadanos de segunda clase con respecto a otras comunidades autónomas”.
Por ello, Asaja Córdoba hace un llamamiento a todos los titulares de explotaciones agrarias, ganaderas, cinegéticas y forestales, así como a todas las personas afectadas por esta acción “confiscatoria” de la Junta de Andalucía, que son la gran mayoría de los andaluces, para protestar contra la actitud “tremendamente abusiva y discriminatoria” de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para quienes residen en esta comunidad autónoma.
La organización agraria organizará una campaña de divulgación a través de los medios de comunicación y redes sociales para que se sumen cuantas más personas mejor a esta concentración para mostrar su posición en contra de que “la administración autonómica continúe imputando una riqueza irreal o inexistente a los andaluces por la que injustamente tienen que tributar, vulnerando el principio de capacidad económica y estableciendo estimaciones en las valoraciones que nada tienen que ver con la realidad”.
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha afirmado que “es un hecho de justicia que los andaluces tengan el mismo tratamiento que los ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo cual favorecerá además el relevo generacional en el campo, la sucesión de empresas, y la actividad económica”.
Esto es una reivindicación histórica de la organización agraria, que reconoce que es cierto que la Junta de Andalucía ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016, pero “lamentablemente, este impuesto sigue siendo el impuesto de la demagogia y la injusticia” porque deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz; y deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, “en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español”.
Asaja iniciará actos de protesta en otoño si la Junta de Andalucía no elimina el injusto, abusivo, demagógico y discriminatorio Impuesto de Sucesiones
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha valorado positivamente que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dé por acabado el impuesto de sucesiones, si bien la organización agraria exige, como lleva demandándolo desde hace años, que se garantice su eliminación total.
Fernández de Mesa ha hecho esta valoración después de que, según informa hoy el Diario de Sevilla, Susana Díaz haya dejado, meridianamente, claro que su posición es la de dejar morir al impuesto de sucesiones. Por dos motivos, porque su voluntad es la de cumplir el acuerdo parlamentario con Ciudadanos y porque cree que este impuesto ha sufrido “un proceso de deslegitimación”, en el que se han empleado argumentos injustos, pero también justos.
Fernández de Mesa, ha afirmado que “es un hecho de justicia que los andaluces tengan el mismo tratamiento que los ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo cual favorecerá además el relevo generacional en el campo, la sucesión de empresas, y la actividad económica, por lo que es una reivindicación histórica de Asaja”.
Esta carga va “en contra de la actividad económica y, además, es confiscatoria e injusta”. La organización agraria considera que la Administración autonómica está imputando una riqueza irreal o inexistente por la que injustamente se tiene que tributar, vulnerando el principio de capacidad económica. Además, establece estimaciones en las valoraciones que nada tienen que ver con la realidad.
Asimismo, la eliminación de este impuesto supone traer una fiscalidad más moderna y con una mayor generación de actividad económica.
Fernández de Mesa dice que este es el impuesto de la “demagogia y la injusticia” porque, aunque es cierto que la Junta de Andalucía ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016, deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz; y deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español.
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha valorado positivamente que Ciudadanos (Cs) Andalucía haya condicionado su apoyo al Presupuesto de la Junta para 2018 a que se produzca una rebaja "ambiciosa" del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, aunque considera que se debería dar un paso más allá y actuar como sus compañeros de Murcia y exigir a la presidenta de la comunidad andaluza, Susana Díaz, la eliminación total.
Fernández de Mesa, ha afirmado que “es un hecho de justicia que los andaluces tengan el mismo tratamiento que los ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo cual favorecerá además el relevo generacional en el campo, la sucesión de empresas, y la actividad económica, por lo que es una reivindicación histórica de Asaja”.
Esta carga va “en contra de la actividad económica y, además, es confiscatoria e injusta”. La organización agraria considera que la Administración autonómica está imputando una riqueza irreal o inexistente por la que injustamente se tiene que tributar, vulnerando el principio de capacidad económica. Además, establece estimaciones en las valoraciones que nada tienen que ver con la realidad.
Asimismo, la eliminación de este impuesto supone traer una fiscalidad más moderna y con una mayor generación de actividad económica.
Fernández de Mesa dice que este es el impuesto de la “demagogia y la injusticia” porque, aunque es cierto que la Junta de Andalucía ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016, deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz; y deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español.
La organización agraria Asaja Córdoba ha pedido a Ciudadanos de Andalucía que sea coherente con sus compañeros de Murcia y exija a la presidenta de la comunidad andaluza, Susana Díaz, la eliminación del impuesto de sucesiones.
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha afirmado que “es un hecho de justicia que los andaluces tengan el mismo tratamiento que los ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo cual favorecerá además el relevo generacional en el campo, la sucesión de empresas, y la actividad económica, por lo que es una reivindicación histórica de Asaja”.
Esta carga va “en contra de la actividad económica y, además, es confiscatoria e injusta”. La organización agraria considera que la Administración autonómica está imputando una riqueza irreal o inexistente por la que injustamente se tiene que tributar, vulnerando el principio de capacidad económica. Además, establece estimaciones en las valoraciones que nada tienen que ver con la realidad.
Asimismo, la eliminación de este impuesto supone traer una fiscalidad más moderna y con una mayor generación de actividad económica como se demuestra en la comunidad de Madrid, que cuenta con unas tasas mucho más reducidas en este concepto y recauda más que la Junta de Andalucía.
Fernández de Mesa dice que este es el impuesto de la “demagogia y la injusticia” porque, aunque es cierto que la Junta de Andalucía ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016, deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz; y deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español.
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Córdoba ha celebrado hoy su asamblea anual, donde, entre otros asuntos, el presidente de la organización agraria, Ignacio Fernández de Mesa, ha propuesto los objetivos a desarrollar en los próximos meses; que van centrados fundamentalmente en seguir trabajando contra el impuesto de sucesiones en Andalucía, así como en la defensa de una nueva PAC fuerte que cohesione económica, social y territorialmente a la Unión Europea; destacando también seguir denunciando los robos en el campo.
Fernández de Mesa afirmó que necesitamos “una PAC consecuente con los tiempos que nos toca vivir, con mercados globalizados y extremadamente volátiles, que sea capaz de dar soluciones eficaces de gestión de mercados e imponer transparencia y equidad en las relaciones comerciales. Pero también queremos una PAC que promueva la innovación a favor del desarrollo productivo sostenible”.
Señaló que “ahora más que nunca necesitamos una PAC potente, eficaz y con presupuesto suficiente para afrontar el compromiso de alimentar a 500 millones de personas y gestionar y cohesionar responsablemente el 80% del territorio comunitario”.
Durante la celebración de la asamblea, también se abordó la problemática de los robos en el campo, por lo que se insistió en la necesidad de dotar de más medios técnicos y humanos para “seguir avanzando” en la línea que se comenzó con la creación de los Equipos ROCA de la Guardia Civil tras muchos años de reivindicaciones por parte de Asaja y los agricultores, consiguiendo que finalmente se activara esta unidad.
Junto a ello, se destacó la importancia de un plan de inspección de puntos de compra sospechosos de aceituna robada y conseguir que las instituciones públicas se impliquen realmente para “hacer frente a una realidad que perjudica a todos los agricultores”.
Por otro lado, se abordó la injusticia del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, donde “los andaluces son penalizados respecto al resto de españoles, siendo de facto ciudadanos de segunda clase”. Por tanto, se abogó por su eliminación al entender que la reforma llevada a cabo “es insuficiente pues tiene importantes sombras que deben aclararse o corregirse” y, sobre todo, que esta nueva norma “sólo es aplicable a una ínfima parte de los titulares de explotaciones agrarias andaluzas, quedando la inmensa mayoría en la misma situación que antes de esta reforma”.
“El único camino que debe recorrerse es ir a la supresión de este injusto impuesto, que esperamos que pueda conseguirse a lo largo de este año 2017 con el esfuerzo y compromiso de la administración autonómica”, afirmó Fernández de Mesa, quien añadió que la Junta de Andalucía ha dado un paso adelante muy parcial que debería corregirse en este año ya que “deja fuera de la norma a la inmensa mayoría del sector agrario andaluz, pues seguirán afectadas por este impuesto”.
A lo largo de 2016, Asaja asistió a 593 actos, ofreció 19 charlas informativas, organizó y participó en 86 conferencias y participó en distintas ferias agrícolas y ganaderas de la provincia.