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Una vez que la Junta de Andalucía ha “tirado la toalla” al pedir al Gobierno central que asuma las competencias del injusto impuesto de sucesiones al no estar dispuesta a reducirlo a los niveles de comunidades autónomas como Madrid, a pesar de que hace que los ciudadanos andaluces sean de segunda clase en España, Asaja Córdoba apuesta por que el Gobierno central acepte la petición de la Junta de Andalucía para que, de forma inmediata, tome la decisión de que los andaluces, por fin, sean, por ejemplo, iguales que los madrileños. No obstante, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, pide a la Junta de Andalucía que recapacite y lo reduzca ella directamente, ya que sería la medida más rápida y beneficiosa para Andalucía y los andaluces.

   Fernández de Mesa destaca que esta carga va “en contra de la actividad económica y, además, es confiscatoria e injusta”. Considera que la Administración autonómica está imputando una riqueza irreal o inexistente por la que injustamente se tiene que tributar, vulnerando el principio de capacidad económica. Además, establece estimaciones en las valoraciones que nada tienen que ver con la realidad.

   Asimismo, la eliminación de este impuesto supone traer una fiscalidad más moderna con una mayor actividad económica como se demuestra en la comunidad de Madrid, que cuenta con unas tasas mucho más reducidas en este concepto y recauda más que la Junta de Andalucía.

   Fernández de Mesa dice que este es el impuesto de la “demagogia y la injusticia” porque, aunque es cierto que la Junta de Andalucía ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016, deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz; y deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español.

   Por ello, considera que es fundamental la eliminación del mismo, y que haga que todos los españoles sean iguales ante la ley como así marca la Constitución Española.

   Su eliminación sería muy positiva para las explotaciones agrarias, para el impulso de la actividad económica de Andalucía y estaría muy bien valorado por los andaluces, que dejarían de ser ciudadanos de segunda clase en España.

Asaja Córdoba ha enviado sendos escritos al Defensor del Pueblo de España y al Defensor del Pueblo Andaluz solicitando que realice todas las acciones posibles para conseguir la eliminación del Impuesto de Sucesiones mediante “una armonización nacional que elimine las desigualdades entre los ciudadanos españoles por el simple hecho de residir en una u otra comunidad autónoma”.

Asaja Córdoba ha pedido que para 2017 quede totalmente eliminadoel Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía que aprobó a finales del pasado mes de julio el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante un Decreto-Ley, en base a un acuerdo entre el PSOE Y Cs. La organización agraria entiende que “es insuficiente pues tiene importantes sombras que deben aclararse o corregirse” y, sobre todo, que esta nueva norma “sólo es aplicable a una ínfima parte de los titulares de explotaciones agrarias andaluzas, quedando la inmensa mayoría en la misma situación que antes de esta reforma”. 

Asaja Córdoba celebra hoy en la Cooperativa Olivarera Virgen de la Sierra, en Cabra (Córdoba), un encuentro técnico sobre la reforma en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía que aprobó a finales del pasado mes de julio el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante un Decreto-Ley, en base a un acuerdo entre el PSOE Y Cs. La organización agraria entiende que “es insuficiente pues tiene importantes sombras que deben aclararse o corregirse” y, sobre todo, que esta nueva norma “sólo es aplicable a una ínfima parte de los titulares de explotaciones agrarias andaluzas, quedando la inmensa mayoría en la misma situación que antes de esta reforma”.

   El único camino que debe recorrerse es ir a la supresión de este injusto impuesto. Esta opinión de Asaja Córdoba queda ratificada por el prestigioso Departamento Fiscal de Garrigues, que indica que la reforma presenta sombras para los titulares de explotaciones agrarias.

   La reforma sólo beneficiará a los herederos que hayan sido contratados por el fallecido en los años anteriores a su muerte o a aquellos a los que se haya cedido la explotación bajo cualquier título y estén dados de alta como agricultores, quedando excluidos el resto de herederos de cualquier bonificación. Podría resumirse que sólo se ha contemplado el caso de herencias a favor de una única persona que sólo vaya a dedicarse a la actividad agraria. Si hay más de un heredero y/o tiene otra actividad económica o profesional, no podrán beneficiarse de esta reforma aprobada por el Ejecutivo andaluz. De mantenerse esto así, se está dando pie a la división de explotaciones, yendo en contra de la necesaria unión de explotaciones para mantener la viabilidad de las mismas.

   No contempla situaciones muy habituales como son las comunidades de bienes o sociedades civiles de hermanos o primos o aquellas en las que la explotación es realizada, en régimen de cesión por cualquier título jurídico por una sociedad, aunque esta esté constituida por los propios herederos.

   Por otro lado, al tratarse de una reducción propia e incompatible con la reducción para la adquisición de una empresa individual establecida en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones, en caso de transmisión ‘inter vivos’ no resulta de aplicación la exención establecida en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las ganancias patrimoniales. Esto implica que, en el caso de una donación, el donante seguirá gravemente perjudicado al continuar teniendo que pagar una importante cantidad al fisco, “lo cual hace que continúe siendo muy difícil poder realizar una donación en Andalucía”.

DEJA FUERA A LA MAYORÍA DEL SECTOR

   Por tanto, Asaja Córdoba considera que la Junta de Andalucía ha dado un paso adelante muy parcial que, en caso de no aclararse o corregirse, “deja fuera de la norma a la inmensa mayoría del sector agrario andaluz, pues seguirán afectadas por este impuesto”.

   Hay que tener en cuenta que el resto del patrimonio no agrario está prácticamente en la misma situación que antes, en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas en relación a este impuesto. Además, esos escasos compromisos adquiridos están aún pendientes de desarrollo y publicación en el BOJA.

   Por ello, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha dirigido unos escritos a la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, y al portavoz de Cs en al Parlamento Andaluz, Juan Marín, solicitándoles que aclaren o corrijan esas situaciones y que, además, se trabaje desde la Junta de Andalucía, junto al resto de partidos políticos, en una armonización nacional de este "injusto impuesto" que suponga la eliminación del mismo, y que haga que todos los españoles sean iguales ante la ley como así marca la Constitución Española. Asimismo, se ha dirigido al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para que cumplan a nivel nacional la propuesta de eliminación del impuesto como llevan haciendo hace meses en Andalucía, para lo cual se recogieron miles de firmas. Asaja Córdoba considera que “la eliminación de este impuesto sería muy positiva para las explotaciones agrarias, para el impulso de la actividad económica de Andalucía y estaría muy bien valorado por los andaluces, que dejarían de ser ciudadanos de segunda clase en España en relación a este injusto impuesto”.

El presidente de la organización agraria Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha valorado positivamente la reelección de Isabel García Tejerina como ministra de Agricultura y le ha trasladado la enhorabuena por su continuidad en la gestión de las cuestiones referentes al campo. Asimismo, el presidente de Asaja Córdoba valora muy positivamente que se mantengan en un único ministerio las competencias de Agricultura y Medio Ambiente.

   Fernández de Mesa ha destacado que desde Asaja Córdoba consideran que “la legislatura pasada ha sido positiva para el sector agrario en su conjunto”, destacando la negociación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en la que, teniendo en cuenta la situación de partida, "los agricultores y ganaderos no han quedado mal respecto a lo que se esperaba al inicio de la negociación". También ha destacado otros puntos de su gestión, como la aprobación de la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, “una ley que constituye un hito histórico para el sector agroalimentario español y que ha permitido la puesta en marcha de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), muy demandada por todo el sector”; la Norma de Calidad del Ibérico que se ha demostrado positiva en su conjunto, aunque necesita algunos ajustes; la Ley 13/2013, de Fomento de la Integración de Cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, que “pretende corregir uno de los principales problemas estructurales a los que se enfrenta el sector agrario español como es su estructura atomizada”.

   En relación al agua y los regadíos, destacar que logró que la Comisión Europea archivara el expediente abierto contra España en 2010 por no haber aprobado los planes hidrológicos con lo que se evitó el pago de sanciones y también el bloqueo de ciertos fondos comunitarios del período 2014-2020. Considera que “en esta próxima legislatura es el momento de ampliar los regadíos en Córdoba”.

   En cuanto a otros retos pendientes para esta próxima legislatura del nuevo Gobierno de Rajoy, Asaja Córdoba destaca cuatro retos muy importantes para el campo español: la revisión a medio camino de la PAC si la hubiera; la revisión del Marco Financiero 2014-2020; la negociación de los presupuestos de la UE para 2021-2027; y la nueva PAC para ese mismo periodo.

   Además, siguen preocupando los robos en el campo y desde Asaja se insiste en la necesidad de aumentar los medios para la Guardia Civil, así como el endurecimiento legislativo y una mayor eficiencia en la aplicación, por parte de los tribunales, del Código Penal, aunque “ha sido positiva la modificación del Código Penal realizada para endurecer las penas, además de la puesta en marcha de los Equipos Roca de la Guardia Civil”.

   También, desde Asaja se solicita la necesaria armonización nacional del injusto Impuesto de Sucesiones y Donaciones que lleve a la eliminación del mismo. También, de cara al IRPF de 2016, habrá de reducirse los módulos debido a las malas cosechas que ha habido este pasado año agrícola.

   Por tanto, desde Asaja Córdoba “damos nuestra enhorabuena a la ministra por su reelección y al resto de miembros del nuevo Gabinete del Presidente Rajoy, esperando que atiendan las peticiones de Asaja y los retos pendientes del sector en beneficio de los agricultores, los ganaderos y los titulares de explotaciones cinegéticas y forestales”.

Más de 200 personas ha asistido a la jornada informativa que Asaja Córdoba ha realizado sobre la Reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía que aprobó a finales del pasado mes de julio el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante un Decreto-Ley, en base a un acuerdo entre el PSOE Y Cs. La organización agraria entiende que “es insuficiente pues tiene importantes sombras que deben aclararse o corregirse” y, sobre todo, que esta nueva norma “sólo es aplicable a una ínfima parte de los titulares de explotaciones agrarias andaluzas, quedando la inmensa mayoría en la misma situación que antes de esta reforma”.

   El único camino que debe recorrerse es ir a la supresión de este injusto impuesto.

   Esta opinión de Asaja Córdoba queda ratificada por el prestigioso Departamento Fiscal de Garrigues, que indica que la reforma presenta sombras para los titulares de explotaciones agrarias.

   La reforma sólo beneficiará a los herederos que hayan sido contratados por el fallecido en los años anteriores a su muerte o a aquellos a los que se haya cedido la explotación bajo cualquier título y estén dados de alta como agricultores, quedando excluidos el resto de herederos de cualquier bonificación. Podría resumirse que sólo se ha contemplado el caso de herencias a favor de una única persona que sólo vaya a dedicarse a la actividad agraria. Si hay más de un heredero y/o tiene otra actividad económica o profesional, no podrán beneficiarse de esta reforma aprobada por el Ejecutivo andaluz. De mantenerse esto así, se está dando pie a la división de explotaciones, yendo en contra de la necesaria unión de explotaciones para mantener la viabilidad de las mismas.

   No contempla situaciones muy habituales como son las comunidades de bienes o sociedades civiles de hermanos o primos o aquellas en las que la explotación es realizada, en régimen de cesión por cualquier titulo jurídico por una sociedad, aunque esta esté constituida por los propios herederos.

   Por otro, al tratarse de una reducción propia e incompatible con la reducción para la adquisición de una empresa individual establecida en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones, en caso de transmisión ‘inter vivos’ no resulta de aplicación la exención establecida en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las ganancias patrimoniales. Esto implica que en el caso de una donación, el donante seguirá gravemente perjudicado al continuar teniendo que pagar una importante cantidad al fisco, “lo cual hace que continúe siendo muy difícil poder realizar una donación en Andalucía”.

   Por tanto, Asaja Córdoba considera que la Junta de Andalucía ha dado un paso adelante muy parcial que, en caso de no aclararse o corregirse, “deja fuera de la norma a la inmensa mayoría del sector agrario andaluz, pues seguirán afectadas por este impuesto”.

   Hay que tener en cuenta que el resto del patrimonio no agrario está prácticamente en la misma situación que antes, en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas en relación a este impuesto. Además, esos escasos compromisos adquiridos están aún pendientes de desarrollo y publicación en el BOJA.

   Por ello, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha dirigido unos escritos a la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, y al portavoz de Cs en al Parlamento Andaluz, Juan Marín, solicitándoles que aclaren o corrijan esas situaciones y que, además, se trabaje desde la Junta de Andalucía, junto al resto de partidos políticos, en una armonización nacional de este injusto impuesto que suponga la eliminación del mismo, y que haga que todos los españoles sean iguales ante la ley como así marca la Constitución Española.

   Asimismo, se ha dirigido al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para que cumplan a nivel nacional la propuesta de eliminación del impuesto como llevan haciendo hace meses en Andalucía, para lo cual se recogieron miles de firmas, y que cuando se forme el nuevo Gobierno de España, se acuerde la eliminación del impuesto en toda España mediante una armonización nacional.

   Asaja Córdoba considera que “la eliminación de este impuesto sería muy positiva para las explotaciones agrarias, para el impulso de la actividad económica de Andalucía y estaría muy bien valorado por los andaluces, que dejarían de ser ciudadanos de segunda clase en España en relación a este injusto impuesto”.

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, y el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, han mantenido un encuentro para analizar los principales problemas del campo cordobés en el inicio del presente curso agrario. Uno de los principales problemas es la seguridad en la próxima campaña de aceituna, que “se prevé compleja, ante lo cual el subdelegado ha expresado su apoyo al sector”.

   Tras la reunión mantenida con el subdelegado del Gobierno, Asaja Córdoba reitera la importancia de que “los hurtos o daños sean inmediatamente denunciados para que se puedan adoptar las medidas y dispositivos policiales pertinentes”. Desde la organización agraria cordobesa se cursan directamente denuncias de sus socios y tiene implantado un sistema de códigos individualizados con que marcar o troquelar maquinaria, fardos y aperos, que se remiten a la Guardia civil para identificar a los propietarios de los objetos que requisan. La labor de las Patrullas ROCA, surgidas a partir de las propuestas de Asaja Córdoba y hoy implantadas en todo el territorio nacional, es fundamental junto con los cambios del Código Penal, especialmente la nueva tipificación de los hurtos como delitos leves en vez de faltas, y con la agravación del delito de receptación y la multirreincidencia.

   Conviene recordar que hace ya más de tres años, ante la alerta de sus socios y al comprobar que las estadísticas oficiales sobre robos en el campo no eran para nada reflejo de la realidad, Asaja Córdoba diseñó un plan contra los robos en el que figuran como puntos clave la denuncia de los propietarios y la correcta identificación de lo robado y recuperado. La organización agraria detectó que los agricultores y ganaderos cada vez denunciaban menos, al no percibir que denunciando consiguieran algo.

IMPORTANCIA DE LA DENUNCIA

   Asaja Córdoba reitera la importancia de que “todos los hurtos o daños que se registren sean inmediatamente puestos en conocimiento de la Guardia Civil para que se puedan adoptar las medidas y dispositivos policiales pertinentes”. Igualmente, recuerda que desde sus oficinas se da curso directamente a las denuncias de los agricultores y ganaderos, remitiéndose además periódicamente a la Subdelegación del Gobierno una relación de estos delitos. De hecho, fue la primera organización que puso en marcha en 2009 el sistema de cursar las denuncias de sus socios directamente.

   Además, consciente de que en numerosas ocasiones no hay posibilidad de demostrar la propiedad de la máquina o el apero, Asaja Córdoba ofrece a los asociados códigos individualizados y moldes en dos tamaños para rotular o troquelar sus máquinas, fardos de aceituna, aperos, etc. y remite la relación de códigos a la Guardia civil, de manera que, si ésta interviene, cualquier material con un código de Asaja, se podrá localizar inmediatamente al propietario.

   Por otro lado, Fernández de Mesa y Primo Jurado destacaron la importancia de que el nuevo Gobierno debe mantener el Ministerio de Agricultura y el de Medio Ambiente juntos, pues “se ha demostrado que es bueno para el sector”. También, deben mejorarse las disfunciones detectadas en la positiva Norma de Calidad del Cerdo Ibérico, así como replantear el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina, y tomar medidas ante la situación del sector lácteo una vez finalizadas las cuotas.

   Igualmente, se destacó la necesidad de la armonización nacional del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que lleve a la eliminación del mismo. También, de cara al IRPF de 2017, habrán de reducirse los módulos debido a las malas cosechas que ha habido este pasado año agrícola. Por último, se puso de manifiesto que en los seguros agrarios debe continuarse su mejora como la única red de seguridad ante adversidades en el campo.

Asaja Córdoba ha realizado un primer análisis sobre la Reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía que aprobó a finales del pasado mes de julio el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante un Decreto-Ley, en base a un acuerdo entre el PSOE Y Cs. La organización agraria entiende que es insuficiente pues tiene importantes sombras que deben aclararse o corregirse, aunque esta nueva norma suponga un paso adelante en el camino de debe recorrerse hasta la supresión de este injusto impuesto.

Esta opinión de Asaja Córdoba, queda ratificada por el prestigioso Departamento Fiscal de Garrigues, que indica que la reforma presenta sombras para los titulares de explotaciones agrarias.

Por un lado, no contempla situaciones muy habituales como son las Comunidades de Bienes o Sociedades Civiles de hermanos o primos, o aquellas en las que la explotación es realizada, en régimen de alquiler por una sociedad.

Por otro, al tratarse de una reducción propia e incompatible con la reducción para la adquisición de una empresa individual establecida en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones, en caso de transmisión “inter vivos” no resulta de aplicación la exención establecida en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las ganancias patrimoniales.

Por tanto, Asaja Córdoba considera que la Junta de Andalucía ha dado un paso adelante muy parcial que, en caso de no aclararse o corregirse, deja fuera de la norma a miles de personas del sector agrario andaluz, pues seguirán afectadas de este Impuesto. Además, hay que tener en cuenta que el resto del patrimonio no agrario está en la misma situación que antes, en un inexplicable agravio comparativo con otras CCAA en relación a este impuesto.

Por ello, el Presidente de ASAJA-Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha dirigido unos escritos a la Presidenta de la Junta de Andalucía y Secretaria General del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, y al Portavoz de Cs en al Parlamento Andaluz, Juan Marín, solicitándoles que aclaren o corrijan esas situaciones y que, además, se trabaje desde la Junta de Andalucía, junto al resto de partidos políticos, en una armonización nacional de este injusto Impuesto que suponga la eliminación del mismo, y que haga que todos los Españoles sean iguales ante la Ley como así marca la Constitución Española.

Asimismo, se ha dirigido al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al Presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para que insistan en la propuesta de eliminación del Impuesto como llevan haciendo hace meses en Andalucía, para lo cual se recogieron miles de firmas, y que se aproveche la actual coyuntura política, de forma que en las negociaciones que se están llevando para formar el Gobierno de España, se incluya un acuerdo para la eliminación del Impuesto en toda España mediante una armonización nacional.

Asaja Córdoba considera que la eliminación de este Impuesto sería muy positiva para las explotaciones agrarias, para el impulso de la actividad económica de Andalucía y estaría muy bien valorado por los Andaluces.

La junta directiva de Asaja Córdoba ha aprobado un manifiesto con diez medidas a desarrollar en apoyo al sector cítrico de la Vega del Guadalquivir en reconocimiento a la labor que realizan todos los agricultores de la zona que, gracias a su esfuerzo durante muchos años, han conseguido que la naranja sea “el principal generador de progreso, riqueza y empleo” en la localidad de Palma del Río (Córdoba) y todo su entorno.

   De este modo, la organización agraria reivindica una serie de actuaciones en defensa del sector, entre las que se contemplan la necesidad de impulsar la integración de organizaciones de productores con el fin de mejorar el asociacionismo y la concentración de la oferta, así como un plan de promoción impulsado por la Junta de Andalucía que potencie la naranja.

   Igualmente, es preciso impulsar el desarrollo de las medidas que contempla la Ley de la Cadena Alimentaria, denunciando a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) los abusos de la distribución y exigiendo una mayor vigilancia del uso obligatorio de contratos homologados que marca la legislación entre la parte productora y la comercial.

   Asimismo, el manifiesto recoge que dado el carácter social del cultivo como generador de empleo y riqueza, se solicite a los ayuntamientos de la zona la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las parcelas de cítricos de Córdoba, así como su apoyo para instar a la Junta de Andalucía a la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones “tan perjudicial para las explotaciones familiares”.

   Por otro lado, se traslada la importancia de que, aunque sean prácticas muy minoritarias, se denuncien ante las autoridades competentes cualquier caso de presunta irregularidad en el ámbito de la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales; al tiempo que se solicita una nueva legislación de competencia que, sin mermar la defensa del consumidor, preste más atención al sector primario al encontrarse absolutamente abandonado por esta legislación.

   Entre otros puntos, también se recoge la importancia de mejorar el control de las importaciones de aduanas para garantizar el cumplimiento de contingentes actuales, precios de entrada, condiciones fitosanitarias y de calidad de los productos procedentes de países terceros, así como la inspección de plagas.

Un sector fundamental

   Asaja Córdoba solicita todas estas actuaciones teniendo en cuenta que se trata de “un sector fundamental para provincia”, ya que genera unos 450.000 jornales al año en la comarca de la Vega del Guadalquivir, lo que supone prácticamente el 50% de los jornales agrícolas de esta zona.

   Pero, “a pesar del enorme esfuerzo que realizan los agricultores por mantener sus explotaciones, cumpliendo con creces todos los estándares de calidad y las innumerables normativas sanitarias, agrarias y laborales”, los últimos años han estado marcados por un descenso continuado de los precios en origen agravada por el enorme diferencial con los precios en destino, motivado fundamentalmente, por la presión de precios a la baja de la gran distribución; si bien está campaña han tenido un respiro en los precios debido al fuerte descenso de producción en todas las zonas productoras de Andalucía, en el entorno del 30-35%.

   Para la organización agraria, a esto se une “las poco afortunadas declaraciones en los últimos meses de algunos responsables políticos que acusan de forma genérica al sector de la zona de Palma del Río de realizar prácticas laborales abusivas, sin contraste alguno de esas informaciones y sin que medien las oportunas denuncias a la Inspección de Trabajo, demostrando, por tanto que quienes las realizan no conocen la realidad del sector, hacen afirmaciones sin rigor, desacreditan el buen trabajo de los citricultores y organizaciones de productores, y dan una pésima y falsa imagen de la realidad de la comarca”. Si cabe, es aún más grave que se haya denunciado esta falsa situación a la Comisión Europea, “poniendo la imagen de Palma del Río y su entorno como lugar conflictivo, que no lo es, haciendo peligrar el sector y la llegada de inversiones a la zona”.