ASAJA Córdoba advierte de que la aplicación del Inventario de Cauces Públicos podría generar “importantes consecuencias para las explotaciones agrarias” si la Administración atribuye a su cartografía efectos propios de un deslinde. La organización reclama que estos mapas se utilicen como herramienta técnica de apoyo, sin sustituir los procedimientos legalmente establecidos ni sus garantías para los propietarios.
La preocupación del sector se reflejó durante el periodo de información pública, en el que ASAJA Córdoba presentó más de una treintena de expedientes de alegaciones de socios afectados. La asociación cuestiona las consecuencias que podría tener la inclusión de terrenos de sus fincas como cauces, tanto sobre la propiedad como sobre el ejercicio de derechos de riego ya reconocidos.
El Inventario se ha elaborado principalmente a partir de cartografía preexistente y procesos semiautomáticos, una metodología que, según advierte ASAJA Córdoba, puede generar errores al trasladarse a parcelas concretas. Por ello, reclama que se compruebe la realidad de los terrenos afectados y se estudien de forma individualizada las alegaciones antes de adoptar decisiones que puedan perjudicar a las explotaciones.
La organización recuerda que la Ley de Aguas atribuye al deslinde aprobado la declaración de la posesión y la titularidad de los terrenos a favor del Estado. En consecuencia, sostiene que la cartografía del Inventario no puede equipararse a una resolución de deslinde ni sustituir el correspondiente procedimiento de apeo y deslinde, con la intervención de los afectados y las garantías previstas en la normativa.
La inquietud de ASAJA Córdoba también se extiende a las limitaciones que pueden derivarse de la delimitación de los cauces sobre los terrenos colindantes. La legislación establece, con carácter general, una zona de policía de 100 metros de anchura en cada margen, en la que se condicionan los usos del suelo y las actividades, y una zona de servidumbre de cinco metros para uso público.
Estas afecciones pueden traducirse, según la actuación y la zona, en exigencias de autorización para obras y construcciones, condicionantes para movimientos de tierras, rellenos y nivelaciones, y limitaciones para caminos, canalizaciones u otras instalaciones. A ello se suman las reglas sobre plantación y corta de arbolado en la zona de servidumbre y las restricciones vinculadas al riesgo de inundación y a la protección del dominio público hidráulico.
Para ASAJA Córdoba, una identificación incorrecta de un cauce puede extender sus consecuencias más allá de la superficie señalada en el mapa y “comprometer futuras inversiones, mejoras e infraestructuras necesarias para la actividad agraria”.
Por todo ello, la organización reclama a la Administración que aclare el alcance jurídico del Inventario, revise los posibles errores y garantice que su cartografía no se utilice por sí sola para alterar derechos de propiedad o concesiones de riego. ASAJA Córdoba defiende que la protección de los cauces debe ir acompañada de rigor técnico, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los agricultores.
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